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Agencia de protección de datos, el debe de nuestra legislación

En marzo de 2017, el Senado ingresó a trámite legislativo el proyecto de ley que modifica la Ley 19.628 referida a la “Protección de la Vida Privada” y que propone además, la creación de Agencia de Protección de Datos Personales. Iniciativa que a la fecha se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, aún cuando el ex presidente Sebastián Piñera, le dio carácter de urgencia en diciembre del 2021, en su primer trámite.

Y es que Chile, está al debe en materia de protección de datos y delitos informáticos, existe un compromiso pendiente con la OCDE que hace que hoy tengamos una barrera no menor en términos de inversiones en industrias TIC u otras relacionadas al Big Data. En este sentido, la Unión Europea nos lleva ventaja, pues el derecho a la protección de datos personales, es un derecho fundamental.

¿Y por qué esto es tan importante? ¿cómo nos afecta? La respuesta es simple, en una economía que avanza, y que se ha tenido que ir adaptando a la nueva realidad post pandemia, se hace imperioso contar con una regulación de protección de los derechos que garanticen la vida privada de las personas y sus datos personales, así como también, un ente fiscalizador para delitos informáticos. Dos componentes críticos en materia de ciberseguridad.

La explosión del uso de la inteligencia artificial ha hecho que las empresas puedan optimizar sus recursos en materia de gestión, pues como he mencionado anteriormente, los beneficios de su uso en términos de negocio: mejora la velocidad, la precisión y la efectividad de los esfuerzos humanos mediante la automatización.  

Recordemos que la IA maneja gran cantidad de datos, mientras más información contenga, el modelo de aprendizaje del algoritmo será mucho más profundo y significativo, pues a mayor cantidad de datos, se obtendrá mayor precisión en los resultados. Contar con herramientas tecnológicas basadas en IA generan una ventaja competitiva, sobre todo en los modelos SaaS. Sin embargo, la gran cantidad de información contenida, está expuesta a ser usada maliciosamente, pudiendo caer en manos que no correspondan, y al no tener una regulación al respecto y un ente fiscalizador en la materia, podría ser perjudicial para el negocio o incluso para el Estado.

Hoy estamos expuestos a delitos cibernéticos que van desde “el inocente Phishing” hasta sabotaje y espionaje informático, aquí radica la importancia de lo expuesto. 

El uso de las tecnología es sin duda beneficioso para todo negocio, sobre todo en el compliance. ¿Se imaginan una herramienta que los ayude en el proceso de implementación de sus programas de cumplimiento y gestión de riesgos reduciendo sus costos? La data contenida para poder llevar a cabo esta tarea, al alcance de un click, es posible, pero requiere de una responsabilidad en el uso de datos de la información sensible que allí se pueda contener, la tarea no es solo del proveedor de la información que debe asegurar que su producto o servicio sea lo suficientemente sólido para no ser vulnerado por agentes externos, si no que debe existir un resguardo general, en caso de un delito mayor. 

No se le debe temer al ladrón, debemos exigir contar una ley de seguridad que nos dé la tranquilidad de que el delito será sancionado.